La falsificación del ordenamiento jurídico

by CronicaPopular • 8 noviembre, 2017 • 2 Comments

Lidia Falcón O´Neill ||

Abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista ||

La inaceptable declaración de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau manifestándose a favor de los componentes del Govern catalán detenidos por la Audiencia Nacional, a los que calificaba de presos políticos, casi en trance de llorar por la terrible injusticia cometida contra ellos, y que tenía la desfachatez de afirmar que se había suspendido la autonomía y realizado un ataque contra toda Cataluña, tiene más trascendencia que ese episodio de la falsedad y representación teatral que están realizando los del “procés” y sus aliados y defensores. En las palabras de Colau se condensaba toda una propaganda, ahora llamada relato, que como dice la literatura es un cuento, que ha puesto en marcha el equipo independentista y que parece estar convenciendo no solo al pueblo llano, poco versado en cuestiones jurídicas, sino a ilustres representantes de la política, de la magistratura y del profesorado.

El argumentario, como ahora se dice también, consiste en afirmar que:

1.- La aplicación del artículo 155 es inconstitucional. Así, tal cual. Se lo oí a una representante de ERC en un programa televisivo de gran audiencia.

2º.- Que la aplicación de ese precepto constitucional significa la eliminación de la autonomía catalana.

3º.- Que la competencia de los delitos atribuidos a los detenidos no es de la Audiencia Nacional y por tanto la jueza Carmen Amela está cometiendo usurpación de funciones.

4º.- Que no se les puede aplicar el delito de rebelión porque lleva aparejada la utilización de violencia.

5º.- Que la prisión preventiva tiene que cumplir unos requisitos que no se dan en modo alguno en la conducta de los encarcelados.

6º.- Y más grave, que los encausados son presos políticos. Como parece que la ciencia jurídica es moldeable según quien la interprete, me gustaría a la luz estrictamente de los hechos acontecidos aclarar a mis lectores algunas cuestiones que no son solo de estricta aplicación de las leyes vigentes en nuestro país, sino simplemente de sentido común.

1º.- En nuestra Constitución el artículo 155 dice exactamente: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar  a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado  interés general.”

No sé si es preciso argumentar largamente que ni el Govern ni el Parlament de Catalunya cumplieron las obligaciones que tanto la Constitución como el Estatut les imponían. Aparte de la campaña continuada que realizaron ellos y sus adláteres y subvencionados, como la Asamblea Nacional de Cataluña y  el Omnium Cultural, no sólo a favor de la independencia sino instando a subvertir el orden constitucional llamando a la ciudadanía a la desobediencia a las leyes, con la financiación de medios de comunicación, actos públicos, manifestaciones continuas, arengas en las concentraciones, publicaciones múltiples, además organizaron un sucedáneo de referéndum el 9 de noviembre de 2014, que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, en el que se votaba la independencia. Pasaron a continuación a prometer primero la formalización de la independencia, más tarde la realización de otro referéndum que llevaron a cabo en contra de una nueva sentencia del Constitucional e incitaron a la población a sublevarse contra las fuerzas del orden que pretendieron impedirlo.

La votación en el Parlament el 6 y 7 de septiembre pasado aprobando unas esperpénticas leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica, faltas de todo supuesto no solo de legalidad democrática sino incluso de sentido común, y la del 28 de octubre declarando finalmente  la proclamación de la República catalana, superaron, con mucho, los requisitos que exige el artículo 155  “de no cumplir las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuar de forma que atente gravemente al interés general de España”.

Resulta ciertamente chocante que haya juristas que aseguren que en este caso no eran aplicables las medidas implícitas en ese precepto jurisdiccional. En realidad el gobierno de España ha tardado más de lo esperable en parar el proceso independentista –las causas de ese retraso quedan de momento en la trastienda de los intereses políticos- que se ha desarrollado impunemente y públicamente durante 7 interminables años. En países de tan larga trayectoria democrática como Francia lo habrían impedido, incluso con la actuación del Ejército, a los pocos momentos de iniciar la campaña secesionista. De tal modo es una falacia afirmar que la aplicación del artículo 155 es inconstitucional.

2º.- La amplitud de las facultades atribuidas al gobierno en esa redacción amplísima por la que “podrá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o la protección del interés general”permite al gobierno no sólo implementar las medidas que ha dispuesto sino otras mucho más duras y radicales como hubiese sido suspender la autonomía  de la Comunidad. Cosa que no ha hecho, aunque los voceros de los independentistas se empeñen en afirmarlo. Todas las instituciones catalanas siguen funcionando, cumpliendo sus atribuciones habituales y eso es visible por cualquiera que tenga que tramitar cualquier cuestión en la Generalitat.

3º.- La primera de las competencias atribuidas a la Audiencia Nacional son los “Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno”. Exactamente lo que han hecho los encarcelados. A menos que no se utilice el mismo lenguaje para describir la conducta del govern de Cataluña que para otros justiciables de menor categoría, que es lo que desearían Puigdemont y sus aliados. Todas las acciones llevadas a cabo por estos y los dirigentes de la ANC,  el OC y los alcaldes por la independencia, estaban dirigidas contra el titular de la Corona y los altos organismos de la Nación y forma de gobierno. A menos que se entienda que el rechazo a la monarquía y la proclamación de una república independiente catalana, el incumplimiento de la Constitución y del Estatut de Cataluña, no van dirigidos contra el titular de la Corona y los altos organismos de la nación y forma de gobierno.

4º.- Ciertamente sobre el delito de rebelión se exige que sea cometido con el uso de la violencia, pero sería bueno que se definiera lo que se entiende por violencia, porque durante los hechos del 20 de septiembre y el 1 de octubre los ataques a las fuerzas del orden por parte de grupos que secuestraron a la comisión judicial, que impidieron a los agentes  salir del edificio de la Consellería de Economía y que destrozaron los coches de la Guardia Civil,  quedan claramente grabados en los vídeos. Pero aún minimizando esa violencia, que en caso de que la hubieran protagonizado manifestantes por otras causas hubiese sido duramente condenada por todos los partidos, el delito de sedición no requiere de violencia para ser cometido, y mucho menos el de malversación de fondos. Resulta enormemente  chocante que los representantes de la izquierda defiendan arriscadamente a la burguesía  nacionalista que nos ha robado a manos llenas, y les admiren porque se proponían dividir España en minúsculos Estados al servicio de la OTAN.

5º.- Todos los requisitos legales para proceder a la prisión preventiva de los procesados se encuentran en este caso. El riesgo de fuga no es una suposición sino una realidad ante la huída de Puigdemont y sus colegas. Y decir que precisamente porque los encausados que se presentaron a declarar ante la Audiencia Nacional no habían huido ya no puede aplicárseles esta medida preventiva es una necedad, ya que hasta que se les notifica su procesamiento no son conscientes del peligro en que se encuentran. También, como dice la juez, su capacidad económica les permite trasladarse a otro país rápidamente, como han hecho los otros consejeros. Que tendrían capacidad para destruir pruebas está más que demostrado. La Guardia Civil ha interceptado camiones de los Mossos y de otros funcionarios llenos de documentos que se proponían hacer desaparecer. Y la reiteración del delito es evidente cuanto que sus seguidores están todos los días en las calles y en las plazas llamando a la subversión. Me resulta incomprensible que el ilustre ex magistrado Martin Pallín niegue que se concitan todos los requisitos para dictar la prisión preventiva.

6º.- Y lo más grave, como decía al principio: que se califique a los detenidos de presos políticos. En otro artículo, que titulé La Banalidad del Mal, me quejaba amargamente, ya que me sentía directamente concernida, por esa calificación que desde la izquierda se hace de los encarcelados. Así como la comparación del sistema político actual con la dictadura. De la misma manera que Julián Ariza rechaza indignado esta identificación, miles de supervivientes de la dictadura deben de estar estremecidos de oír todos los días a los dirigentes comunistas y podemitas asegurar que estamos viviendo la represión franquista y que los detenidos son presos políticos. Y constituye una enorme injusticia e ingratitud contra nuestros antepasados que dieron la libertad y la vida para que nosotros disfrutemos de esta democracia que, al menos, nos permite convocar elecciones periódicamente y ejercer los derechos fundamentales de un Estado de Derecho.

Resulta de una absoluta desfachatez que tal acusación se defienda desde los platós de televisión, en programas públicos, a gritos; que la alcaldesa de Barcelona salga a declararlo en ruedas de prensa, que Dante Fancin lo afirme en entrevistas televisadas y que los dirigentes de formaciones políticas con representación parlamentaria escriban y  publiquen semejante infundio. Esta conducta demuestra que no supieron nunca lo que fue el franquismo, pero al parecer tampoco se han enterado de cómo funcionan las dictaduras actuales en otros países.

 Cuando los que braman todos los días contra la Constitución, la Monarquía, las leyes vigentes,  incitan a sus seguidores a desobedecer el orden constitucional y se manifiestan, sin siquiera pedir permiso para ello, cortando el tráfico y colapsando la ciudad, escriben y publican cada día decenas de artículos y lanzan largos discursos a favor de la independencia, y afirman que estamos en un Estado fascista, son unos falsarios. No sólo la dictadura asesinaba cada día a trabajadores en huelga o en manifestaciones, o los condenaba a muerte y a larguísimas penas de prisión por ejercer los más elementales derechos civiles, sino que impedía toda manifestación y libertad de expresión, de asociación, de publicación. Se reunirían aquí miles de periodistas, escritores, editores, conferenciantes, políticos, que fueron procesados y sancionados por intentar expresar opiniones diferentes al nacionalcatolicismo del régimen.

Y cuando, como apoteosis de esta libertad tan democráticamente permitida por el Estado, se convocan elecciones autonómicas en Cataluña para dentro de mes y medio, con la participación de todas las formaciones políticas incluyendo aquellas que se autotitulan antisistema,  que tienen a sus dirigentes en prisión y siguen defendiendo arriscadamente la independencia de Cataluña, la acusación de dictadura es absolutamente inaceptable. Con esta continua comparación que hace la izquierda entre la situación política actual y el franquismo lo peor que está consiguiendo es que se oculte qué fue realmente la dictadura. Que como decía Hanna Harendt “se banalice el mal”.

Querría concluir haciendo un llamamiento a las fuerzas políticas y sociales que se llaman de izquierda o progresistas para que no intoxiquen más a la opinión pública, para que vuelvan al principio de realidad que planteaba Freud, que hagan el análisis concreto de la realidad concreta que exigía Lenin, y que no repitan más que estamos en una dictadura, que los detenidos son presos políticos, que no han conculcado la Constitución ni el Estatut, que no existe riesgo de fuga ni de reiteración del delito ni de destrucción de pruebas. Porque todo eso es mentira.

Y cualquiera tiene derecho a defender su ideología independentista en este Estado de Derecho, que, a pesar de sus fallos y carencias, todavía mantiene las libertades fundamentales, pero a lo que no tiene derecho es a mentir. 

            Madrid, 5 noviembre 2017.

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